Poder político y sociedad civil.

Ignacio Jiménez de Laiglesia

“Es loable el empeño y el esfuerzo realizado para obtener el mayor consenso posible de la Comunidad Valenciana para salir del letargo en el que permanentemente vive”.

El debate de las relaciones entre el poder político surgido de las urnas –mediante los procesos definidos en la Constitución y las distintas leyes que desarrollan nuestros procedimientos electorales–, y la naturaleza y funciones de la sociedad civil, está de actualidad en nuestras tierras en los últimos tiempos.

Históricamente se ha entendido que estos dos mundos circulaban por vías paralelas que difícilmente llegaban a converger, y más bien, cuando lo hacían, era para que la sociedad civil defendiera su ámbito de independencia y vigilancia hacia el poder político. No es de esperar que la sociedad civil de un país con tradición democrática salga en defensa de sus gobernantes, salvo en casos extremos de guerras contra países enemigos, desastres naturales, actos de terrorismo o demás casuística extrema por su violencia o amenaza de la misma. Lo hemos visto en diversos países, en especial los anglosajones, cuando en episodios históricos como los mencionados, y siempre con una visión temporal y limitada a las circunstancias concretas, se han unido en apoyo del Gobierno de turno y con el respaldo de la oposición, todo el conjunto de asociaciones civiles, libres e independientes del ejecutivo, surgidos de la voluntad de los integrantes de dichos colectivos.

En el mundo anglosajón, la sospecha sobre el desvío en el uso del poder y el insaciable afán recaudatorio del Ejecutivo, sirve de permanente comprobación, control y contrapoder de la propia sociedad civil, lo cual, unido al voto por circunscripciones electorales próximas al votante, hace que las relaciones entre el poder surgido de la urna y la sociedad civil vigilante, sean las justas y las necesarias para que cada parte lleve a cabo su función social.

El panorama, brevemente descrito con anterioridad, poco tiene que ver con lo que es habitual en nuestras tierras. De entrada, solemos equivocar la celebridad (más o menos merecida) de determinadas personas, con su autoridad moral para representar valores superiores de la sociedad. Por otro lado, no puede ser que asociaciones absolutamente dependientes del presupuesto de todos los contribuyentes pretendan representar a la sociedad civil independiente. Además, si el propósito de un Gobierno es contar con el apoyo de estamentos ajenos a la política diaria –y transversal en sus ideologías–, parece más normal que los convocantes y oferentes del apoyo sean éstos, y no el primero.

Sea cual sea la necesidad de apoyo, como lo es una mejor financiación para nuestro territorio y Gobierno, el poder político debería ser muy sutil con las puestas en escena y la obtención de apoyos, pues es fácil dar la impresión contraria a la deseada, cuando al recabar el apoyo de la sociedad en general a través de sus asociaciones libres e independientes, se convoca desde el poder político, en un marco gestionado por el poder político, a los representantes de asociaciones o empresas dependientes del poder político.

Dicho lo cual, es loable el empeño y el esfuerzo realizado –y pendiente de realizar–, para obtener el mayor consenso posible de la Comunidad Valenciana para salir del letargo en el que permanentemente vive, para obtener una adecuada financiación y retorno de los impuestos que pagan personas y empresas valencianas. Esperemos que, a base de mantener relaciones estables (no solo cuando conviene), poder político y sociedad civil valenciana lleguen a remar en ésta misma dirección.

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Valencia City Agosto 2017
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