Queda oficialmente clausurada esta crisis

Ignacio Jiménez de Laiglesia

“Una se echa de menos que el esfuerzo realizado por familias y empresas privadas no se equipare en el sector público, donde los cambios necesarios –de aumento de productividad y destrucción de exceso de capacidad operativa–, todavía distan mucho de ser los necesarios”.

En las últimas jornadas, venimos escuchando voces del máximo representante del Gobierno de España, y de algunos de sus ministros y secretarios de Estado, amén de los máximos representantes del Partido Popular, que insisten en que la crisis oficialmente está vencida, superada y finiquitada para siempre.

Es de suponer que a medida que se aproxima la mitad de la legislatura, estas voces se harán cada vez más insistentes y audibles para mitigar y aliviar el cabreo general provocado por el aumento de los impuestos (contra todo pronóstico electoral), la bajada generalizada de los salarios, la destrucción de tejido productivo, y por ende de empleo, así como la disminución de todo tipo de subvenciones, subsidios, empresas públicas ruinosas (como las teles autonómicas) y demás reductos adiposos de un modelo de Estado que hace aguas por todos lados por falta de fondos para seguir gastando en la compra de votos acomodaticios.

Como ya se ha comentado en esta sección en otros artículos (“Animal Spirits”), la economía tiende a ser un 50% racional a la hora de tomar decisiones, y un 50% emocional, de tal manera que el estado de ánimo, la fe en el cambio, las expectativas de la mayoría –o de minorías cualificadas–, sucesos que mejoran o empeoran el espíritu, influyen poderosamente en la suma de millones de micro-decisiones, que finalmente alteran el curso de la macroeconomía.

En estos momentos, España está gozando de una serie de datos favorables macroeconómicos incontestables, como varios meses de menor destrucción de empleo, incluso de generación del mismo en términos desestacionalizados, un equilibrio, incluso superávit, por cuenta corriente producto de exportaciones crecientes, disminución de las importaciones y un aumento de los ingresos procedentes del turismo, una prima de riesgo inferior a la mitad de la que teníamos hace un año, un déficit fiscal que tiende a menguar, o una productividad que ha aumentado un 11’1% desde 2008, la mayor de la zona Euro, y sin duda consecuencia de los datos comentados anteriormente.

Todo ello es cierto y debemos de alegrarnos de que suceda, pues para llegar a poder leer o escuchar estas noticias todos hemos perdido capacidad adquisitiva, empleos, ahorros inversiones y riqueza en general. Pero no había más remedio que aplicarnos la amarga medicina de la devaluación interna y la recuperación de la competitividad, la credibilidad, la estabilidad presupuestaria y la autofinanciación. Pero no es menos cierto que todavía hay más de 4,7 millones de parados, de los que más de la mitad son de larga duración y muchos de ellos jóvenes sin empleo previo, que el PIB sigue siendo negativo (y llevamos 35 meses con tasas decrecientes), y que la deuda pública española está en volúmenes de máximos históricos (90% del PIB, y subiendo), y otros datos más que podríamos citar para valorar en su justa medida la afirmación del final de la crisis.

España ha llevado a cabo una dura transformación del modelo productivo, y aún le queda camino por recorrer, y no cabe duda que las medidas adoptadas (y las que deberían añadirse a las tomadas) son desagradables, pero están siendo efectivas para competir en los mercados internacionales de bienes, servicios o finanzas. Se echa de menos pedagogía para que los ciudadanos entiendan el porqué de las mismas y sus consecuencias, y también se echa de menos que el esfuerzo realizado por familias y empresas privadas no se equipare en el sector público, donde los cambios necesarios –de aumento de productividad y destrucción de exceso de capacidad operativa–, todavía distan mucho de ser los necesarios para mejorar el conjunto de la economía.

Cada euro destinado a la administración pública deja de ser empleado en la economía productiva privada, y cada empleo que se destruye en el sector público es sustituido por 1,3 en el sector privado (los profesores de La Sorbona, Algan y Zybelberg, publicaron en 2002 un estudio centrado en las 17 grandes economías de la OCDE entre 1960-2000, estimando un ratio de 1,3/1,5 empleos privados destruidos por cada público creado). Es el conocido efecto “desplazamiento” (crowding out), por el que el recurso financiero escaso se destina al sector público ineficiente económicamente, privando del mismo al sector empresarial que es mucho más productivo.

En definitiva, se perciben avances, lentos y dolorosos, pero ciertos, y cada paso adelante es uno menos que nos queda para recobrar la senda del soñado crecimiento sostenible en el tiempo y el sosiego ansiado por todos los españoles.

¡Ánimo, ya queda menos!

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