El ayuntamiento de Valencia ha aprobado una modificación de créditos y suplementos extraordinarios del Presupuesto 2020 por importe de 38 millones de euros, que permitirá dedicar un total de 32 millones de los ahorros municipales a amortización de la deuda municipal. De esta manera, los niveles de endeudamiento público se reducirán a su nivel más bajo desde 1997.
La propuesta ha salido adelante con los votos del Equipo de Gobierno. Tal como ha destacado el alcalde, Joan Ribó, durante su intervención en la sesión, «desde que gobernamos en el Ayuntamiento de València, hemos aumentado las inversiones, los gastos corrientes, y hemos disminuido paulatinamente la deuda». «La pandemia de COVID-19 nos ha obligado a modificar nuestros presupuestos municipales de este año para atender las necesidades más urgentes de la población: atender a las familias más vulnerables, reactivar la economía local y fomentar la ocupación, y mantener la seguridad de las personas en todos los barrios. Y todo ello, sin dejar de lado nuestra apuesta por la sostenibilidad –no saldremos de esta crisis si no atendemos la emergencia del planeta y de nuestra ciudad-; nuestra apuesta por la innovación y los sectores productivos; y nuestra apuesta por la defensa de los intereses de los valencianos y valencianas ante cualquier administración o interés particular».
Según las previsiones, a finales de 2020 la deuda municipal, que en 2015 se situaba en 784’6 millones de euros (es decir, un porcentaje del 105’6% de los ingresos) quedará reducida a los 297 millones (34%), «la deuda más baja del Ayuntamiento de València desde el año 1997».
Sin embargo, los grupos de Oposición no han respaldado la propuesta, y se han abstenido en la votación. El concejal de Vox Vicente Montañez, ha criticado «el bajo nivel» de ejecución presupuestaria en la gestión municipal; y ha asegurado que «la izquierda ‘progre’ presenta presupuestos vendibles que luego ejecuta muy poco, y en lugar de ello pasa las partidas económicas a chiringuitos, fundaciones, observatorios y proyectos pancatalanistas».
El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha elogiado la reducción de la deuda municipal, pero ha asegurado que «las modificaciones crédito traerán problemas de cara al ejercicio 2021». Además, ha lamentado el uso de las modificaciones de crédito que, ha asegurado, «no se justifican por la pandemia, dado que ya se actuaba así en el mandato anterior». Giner ha puesto el índice también en la ejecución presupuestaria y en las listas de espera en servicios sociales, y ha pedido al alcalde que, «lejos de triunfalismos, pida unidad y colaboración y esté a la altura».
Finalmente, la portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha insistido en que la decisión de dedicar 32 millones del remanente municipal a amortización de deuda «significa que el gobierno municipal no se fía de que el Gobierno del Estado vaya a incautar el ahorro de los ayuntamientos españoles», una posibilidad que Catalá ha calificado de «cacicada y chulería del presidente del Gobierno», y también de «algo inaudito en nuestra democracia». La edila ha criticado también que no se dedique directamente a la lucha contra la COVID-19 ninguna partida de la modificación de créditos.
12 millones dedicados a gasto social
El alcalde, Joan Ribó, ha respondido a las críticas defendiendo la actuación del Gobierno Municipal en materia económica y en las iniciativas de acción social ante la crisis. «Estas son las cifras de la honradez y la buena gestión», ha asegurado Ribó, quien ha recordado que se partía de un remanente de tesorería (superávit municipal) de 60 millones de euros, de los que 12 millones (el 20%, que era lo máximo que permitía el gobierno central), se han dedicado a gasto social.
La modificación crédito que hoy se ha aprobado, por valor de 38 millones, dedicará un millón a la adquisición de vehículos para la Policía Local «porque queremos una seguridad ciudadana óptima en todos los barrios, y queremos empezar la descarbonización del Ayuntamiento introduciendo vehículos híbridos y eléctricos como permite la autorización del 7% del remanente», en palabras del alcalde. Además, se reservan 120.000 € para instalar señal wifi en los Pueblos de València; otros 139.000 € para la redacción de proyectos urbanos de mejora de la calidad de vida: y los 32 millones de amortización anticipada de préstamos. Ante la insistencia de la oposición en conocer la postura del Gobierno central sobre el uso de los remanentes, el alcalde ha asegurado que «no estamos de acuerdo con la propuesta de la ministra Montero; continúa asemejándose demasiado a la de quien fuera ministro del PP, el señor Montoro, que, no hay que olvidarlo, fue el que montó este lío», ha matizado Ribó.
Ribó también ha comparado la reducción de la deuda de València a una tercera parte, frente a la etapa en que Català fue alcaldesa de Torrent “cuando multiplicó por dos la deuda municipal”.
Modificaciones fiscales
Durante la sesión también se han abordado las modificaciones provisionales de la Ordenanza Fiscal General, de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del espacio público con mesas y sillas, y de la tasa por servicio de abastecimiento de agua potable. Todas ellas han sido aprobadas: la tasa del agua con el respaldo del Gobierno y el voto en contra de la oposición; la Ordenanza Fiscal General, con el respaldo del Equipo de Gobierno y Ciudadanos, la abstención del PP y el voto en contra de Vox; y la tasa de mesas y sillas, por unanimidad.
Toda la oposición ha criticado la modificación en la tasa del agua. El concejal de Vox, Vicente Montáñez, lo ha calificado de «insolidaridad», mientras que el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha señalado que «no tiene ningún sentido», y ha puesto el índice en la importancia de acometer las inversiones de mejora de la red necesarias. Además, han asegurado que las modificaciones se basan en una previsión de incremento del IPC «que no es real tras la pandemia». En cuanto a las mesas y sillas, pese al apoyo general, todos los grupos han defendido que la exoneración tributaria «habría sido más adecuada desde el mes de enero». Por su parte, la concejala del Grupo Popular Paula Llobet, ha defendido la bajada de impuestos como «la única receta a aplicar ante la crisis si queremos generar empleo, atraer inversión y generar riquezas».
El recién incorporado concejal Borja Sanjuán, nuevo responsable de la Hacienda Municipal, ha defendido las propuestas del Gobierno municipal y ha subrayado que «todos los organismos económicos piden que el sector público dé el Do de pecho cuando el sector privado se halla arrasado por la pandemia». El edil ha refutado la ineficacia de «pedir bajada de impuestos tanto cuando hay recesión como cuando hay crecimiento como única receta», y ha defendido que las administraciones públicas «han de tener recursos para salvar la economía y actuar ante la fractura social«. «Este Ayuntamiento ha perdonado las recaudaciones a las personas con menor capacidad tributaria; pero quienes pueden pagar los impuestos deben hacerlo», ha defendido, y ha concluido recordando que «antes de la crisis sanitaria, València era la gran ciudad del Estado que más empleo había creado en los últimos años y más había multiplicado la inversión».
Ejecución de la inversión municipal
Finalmente, se ha aprobado también la 5ª relación de expedientes de reconocimientos extrajudiciales de créditos y obligaciones de 2020, y se ha dado cuenta de los estados de ejecución presupuestaria y situación de tesorería a 30 de junio pasado, del informe de Control Interno del Ayuntamiento, y del cumplimiento del plazo de pago de las obligaciones municipales.
Vicente Montáñez, de Vox, ha explicado la abstención de su grupo como «la última, porque no vamos a pasar ni una más, ya que eso no es gestionar adecuadamente». Giner, de Ciudadanos ha insistido en la necesidad de ejecutar las inversiones presupuestadas, y asignar las pendientes; y ha señalado «lo mucho que le cuesta a este Ayuntamiento solucionar las advertencias de Control Interno». Y la concejala Llobet, del PP, ha acusado al Gobierno de «incapacidad de anticipación, fallos en la gestión, bajo grado de ejecución de inversiones y mala gestión».
El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, ha defendido la actuación de gestión de las inversiones por parte del Gobierno, en virtud del notable incremento del montante total que se dedica a ello: «Se critica como ridículo el esfuerzo inversor de más de 170 millones de euros; pero ridículo eran los 50 millones que dedicaban los gobiernos anteriores», ha afirmado. Según el edil, el porcentaje de inversión adjudicada este año está 2 puntos por encima de hace dos años, y 5 más que el año pasado «y todo ello con una pandemia de por medio», por lo que ha reconocido el «esfuerzo y el trabajo de las y los empleados municipales».
Sanjuán ha concluido instando a la oposición a lanzar a la ciudadanía un «mensaje de voluntad conjunta de pactar los presupuestos de 2021, como se pactó el Plan de Reconstrucción, porque un mensaje de optimismo es lo que necesita la ciudadanía».
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