Gobierno, patronal y sindicatos alcanzan un preacuerdo para prorrogar los ERTE de la pandemia

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Los actuales ERTE provocados por el impacto de la pandemia del Covid-19 podrán prorrogarse más allá de la vigencia del actual estado de alarma. En concreto, estos ajustes temporales de plantilla podrán mantenerse, aunque con algunos ajustes, hasta finales de junio. Además, los trabajadores fijos discontinuos podrán beneficiarse de una ampliación hasta el 31 de diciembre de la protección por desempleo. Este es uno de los puntos del preacuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y las organizaciones sindicales y que ahora está pendiente de que sea refrendado por las direcciones de la CEOE, UGT y CCOO.

De esta forma, las pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores que estén obligadas por fuerza mayor a mantener paralizada su actividad quedarán exoneradas del 100% de sus cuotas sociales. En el caso de aquellas empresas que superen ese número de empleados, podrán beneficiarse de una reducción del 75% en esas cuotas. Por su parte, la reducción para las empresas que solo vean parcialmente afectada su actividad, las reducciones oscilarán entre el 30 y el 85% dependiendo especialmente de si priman la reducción de la jornada a la suspensión de la actividad.

De este modo, el acuerdo permitirá a las empresas que hayan reanudado su actividad o vayan a hacerlo por la desescalada, beneficiarse de reducciones en las cotizaciones sociales del 85% para el mes de mayo y el 70% en junio, si tienen menos de 50 empleados. Las mayores tendrán una bonificación del 60 y el 45% para mayo y junio respectivamente.

En el caso de que mantengan personal en suspensión al retomar la actividad, los beneficios oscilarán entre el 60 y el 45% para cada mes, en las pequeñas empresas, y entre el 45 y 30% para las mayores de 50 trabajadores.

A cambio de estas bonificaciones, las empresas se comprometen a mantener sus plantillas durante un periodo de seis meses desde el momento en que regresen a la actividad. Estas limitaciones también afectarán a los contratos fijos discontinuos.

Además, el preacuerdo también incluye a la obligación de las empresas acogidas a ERTE a no repartir dividendos, excepto aquellas pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores. En el caso de que quisiera repartir dividendos una empresa con más trabajadores acogida a un ERTE, primero está obligada a abonar previamente todas las cotizaciones sociales. Igualmente no podrán beneficiarse de estas ventajas aquellas empresas domiciliadas en algún paraíso fiscal.

Aunque, en principio, estas medidas estarán vigentes hasta final de junio, el Gobierno se reserva la posibilidad de ampliarlas más allá si un repunte del coronavirus obliga a implementar de nuevo restricciones a la actividad. Lo mismo se aplicaría a la protección por desempleo a los trabajadores.

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