Estamos recibiendo en los últimos días una gran cantidad de información en forma de declaraciones de ministros, portavoces, periodistas y opinadores varios, relativa a la propuesta de inyectar una importante suma de liquidez (entre 30 y 50 millardos de €) mediante la participación del Instituto de Crédito Oficial y la banca, para atender pagos atrasados a los proveedores de la administración municipal, autonómica y central.
Sorprende que para atender pagos corrientes de proveedores municipales y autonómicos, el gobierno central tenga que orquestar una macro-operación financiera como la que nos cuentan. No se entiende que la administración recurra a medidas extraordinarias, cuando teóricamente, sus gastos e inversiones tienen que tener una contrapartida contable en los ingresos o en la caja, al inicio del ejercicio. Por tanto, lo anterior, es consecuencia de una falta de programación, de una manipulación de las distintas cuentas que componen la contabilidad pública, de una inesperada caída brusca de los ingresos, o de una combinación de las distintas alternativas mencionadas.
Lo realmente importante es que, reconocido el problema, se aborde cuanto antes mejor, y de la manera menos gravosa posible, tanto para los proveedores, como para los administrados, paganos en última instancia. El criterio de primar en el cobro a quien ofrezca una rebaja del principal adeudado no parece muy justo, pues en este caso, salen beneficiados aquellos que cuentan con más margen en la contratación y no quienes presentaron una oferta mas competitiva, así como quienes cuenten con una estructura financiera mayor y mas sofisticada, como las grandes corporaciones, en detrimento de la Pyme y el autónomo, y otras posibles situaciones a mi juicio injustas.
En todo caso, insuflar 30 o 50 millardos de € en la economía productiva de una país exangüe financieramente hablando, cuya banca tiene que mejorar sus ratios de solvencia rechazando la financiación de nuevos proyectos y exigiendo ansiosamente la devolución de las cantidades prestadas, por imposibilidad de mejorarlos mediante nuevas ampliaciones de capital porque los mercados desconfían de sus balances, como digo, insuflar esa cantidad, es la mejor noticia que cabría esperar del nuevo gobierno central, y una forma excelente de mejorar la maltrecha liquidez de toda la nación. Puede ser el inicio de la recuperación de cierta normalidad en cuanto a lo que liquidez empresarial se refiere, y ayudar a la banca en su reconversión patrimonial.
Si en vez de gastar casi 20 millardos de € en los Planes E, se hubieran dedicado a pagar deuda pendiente de las administraciones con los proveedores del sector público con dicho importe, seguramente nos hubiéramos ahorrado unos cuantos miles de parados y empresas desaparecidas. Aunque tarde, sea bienvenida la medida, y que vuelva a fluir algo de liquido por las venas y arterias de la economía productiva de España para que no pare de latir su corazón que es, sobre todo, el conjunto de pequeñas y medianas empresas, y los autónomos.
Estamos recibiendo en los últimos días una gran cantidad de información en forma de declaraciones de ministros, portavoces, periodistas y opinadores varios, relativa a la propuesta de inyectar una importante suma de liquidez (entre 30 y 50 millardos de €) mediante la participación del Instituto de Crédito Oficial y la banca, para atender pagos atrasados a los proveedores de la administración municipal, autonómica y central.
Sorprende que para atender pagos corrientes de proveedores municipales y autonómicos, el gobierno central tenga que orquestar una macro-operación financiera como la que nos cuentan. No se entiende que la administración recurra a medidas extraordinarias, cuando teóricamente, sus gastos e inversiones tienen que tener una contrapartida contable en los ingresos o en la caja, al inicio del ejercicio. Por tanto, lo anterior, es consecuencia de una falta de programación, de una manipulación de las distintas cuentas que componen la contabilidad pública, de una inesperada caída brusca de los ingresos, o de una combinación de las distintas alternativas mencionadas.
Lo realmente importante es que, reconocido el problema, se aborde cuanto antes mejor, y de la manera menos gravosa posible, tanto para los proveedores, como para los administrados, paganos en última instancia. El criterio de primar en el cobro a quien ofrezca una rebaja del principal adeudado no parece muy justo, pues en este caso, salen beneficiados aquellos que cuentan con más margen en la contratación y no quienes presentaron una oferta mas competitiva, así como quienes cuenten con una estructura financiera mayor y mas sofisticada, como las grandes corporaciones, en detrimento de la Pyme y el autónomo, y otras posibles situaciones a mi juicio injustas.
En todo caso, insuflar 30 o 50 millardos de € en la economía productiva de una país exangüe financieramente hablando, cuya banca tiene que mejorar sus ratios de solvencia rechazando la financiación de nuevos proyectos y exigiendo ansiosamente la devolución de las cantidades prestadas, por imposibilidad de mejorarlos mediante nuevas ampliaciones de capital porque los mercados desconfían de sus balances, como digo, insuflar esa cantidad, es la mejor noticia que cabría esperar del nuevo gobierno central, y una forma excelente de mejorar la maltrecha liquidez de toda la nación. Puede ser el inicio de la recuperación de cierta normalidad en cuanto a lo que liquidez empresarial se refiere, y ayudar a la banca en su reconversión patrimonial.
Si en vez de gastar casi 20 millardos de € en los Planes E, se hubieran dedicado a pagar deuda pendiente de las administraciones con los proveedores del sector público con dicho importe, seguramente nos hubiéramos ahorrado unos cuantos miles de parados y empresas desaparecidas. Aunque tarde, sea bienvenida la medida, y que vuelva a fluir algo de liquido por las venas y arterias de la economía productiva de España para que no pare de latir su corazón que es, sobre todo, el conjunto de pequeñas y medianas empresas, y los autónomos.
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