Los agriculturos piden medidas ante el impacto de la crisis del Covid-19 en las pequeñas explotaciones y la agroecología

Los agricultores valencianos están preocupados por el impacto que las restricciones impuestas para frenar la pandemia de Covid-19 está teniendo sobre sus explotaciones. En este sentido, la CCPV-COAG se ha sumado al centenar de organizaciones y colectivos de toda España que remitido al Ministerio de Agricultura una petición formal para que se “dicten las instrucciones pertinentes a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que se busquen soluciones para los mercados no sedentarios de proximidad”.

 La demanda se hace ante el cierre generalizado de estos mercados alimentarios por la interpretación «excesivamente restrictiva» que, a juicio de la organización agraria, muchos gobiernos locales y autonómicos están haciendo de las prohibiciones decretadas por el estado de alarma ante la pandemia del COVID-19.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran varias plataformas de ámbito estatal, remiten a los protocolos de seguridad e higiene puestos en marcha por algunas comunidades autónomas para que los mercados de proximidad puedan seguir siendo garantes de seguridad alimentaria durante esta crisis. «No en vano, estos canales de venta directa facilitan el acceso a la ciudadanía de bienes de primera necesidad -cuya producción, circulación y abastecimiento están protegidas expresamente por el estado de alarma- en condiciones óptimas de seguridad e higiene que suelen ser superiores a las de cualquier supermercado», señalan. En concreto, citan la regulación que hizo de la venta directa de alimentos el Gobierno de las Islas Baleares; o de los desplazamientos a granjas, huertos y corrales de autoabastecimiento de alimentos que hizo la Consejería de Medio Rural en Galicia.

También, de cara a mitigar el brutal impacto económico que está provocando esta crisis en las economías campesinas, se pide un esfuerzo de las diversas administraciones para que apuesten por las producciones locales en la compra pública de alimentos para abastecer hospitales, centros de mayores, comedores sociales, comedores escolares o bancos de alimentos; o medidas fiscales como la exención del pago de autónomos a las pequeñas granjas.

«Esta urgencia, como tantas otras, nos encontrará unidas a todas las organizaciones que trabajamos en favor de una alimentación sana y sostenible, donde la pequeña producción agroecológica agraria y ganadera está en la vanguardia», señalan.

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