El Gobierno aprueba medidas sobre alquiler y prohibe los desahucios a los grupos vulnerables por la crisis

El Gobierno ha prohibido los desahucios hasta seis meses después de que sea levantado el estado de alarma, así como una serie de medidas sobre el alquiler para aquellos inquilinos vulnerables a la crisis desatada por la pandemia de coronavirus. El Ejecutivo estima que unas 500.000 familiar pueden verse beneficiadas por esta medidas.

El objetivo es evitar situaciones como las vividas en la pasada crisis económica en que miles de familiar terminaron perdiendo las viviendas donde residían. Para ello, además de desautorizar cualquier embargo a personas que no tengan alternativa de residencia, se ha decretado una prórroga de seis meses en los contratos de alquiler para evitar subidas abusivas de los precios durante la crisis.

Así mismo, se habilitará una línea de microcréditos a tipo cero de interés, para aquellas personas que no puedan hacer frente a sus obligaciones de alquiler. Estos microcréditos se deberán devolver en el plazo de seis años, o 10 en los casos de especial dificultad. Si tras la crisis los inquilinos se mantienen en situación del vulnerabilidad el Estado se hará cargo de los alquileres a través de una línea de ayudas de hasta 900 euros al mes y otros 200 para pago de suministros y mantenimiento. Para afrontar estos gastos se ha generado una línea de ayudas públicas de 700 millones de euros.

Los beneficiarios de estas ayudas serán inquilinos especialmente vulnerables. En concreto, podrán acogerse a las mismas parados, trabajadores afectados por ERTEs o reducciones de jornada, así como autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos por el impacto de la crisis del Covid-19.

Además, las medidas también tienen en cuenta las características de los propietarios. En este sentido distingue entre los pequeños propietarios y los grandes propietarios y fondos de inversión que tienen más de diez viviendas en alquiler. Estos grandes propietarios deberán aplicar una moratoria de cuatro meses a los inquilinos vulnerables. A partir de ese plazo, deberán renegociar con sus inquilinos el pago de la deuda. De no alcanzarse un acuerdo, estos grandes propietarios deberán asumir una quita de la deuda del 50% o bien renegociar su cobro en dos o tres años.

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