El sector pesquero en bloque se ha unido para reclamar al Gobierno una de sus reivindicaciones históricas: la reducción del IVA al pescado del actual 10% al 4 %. La demanda la han presentado en forma de carta dirigida al presidente Pedro Sánchez, al vicepresidente Pablo Iglesias y al ministro de Consumo Alberto Garzón. Firman la misiva las principales organizaciones sectoriales: la Confederación Española de Pesca (Cepesca), la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar), la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco),La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), Federación Nacional de Mayoristas de Pescados (Fenamar) y la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca).
Con esta medida, las organizaciones firmantes quieren que España se equipare al del resto de países de la UE y que el IVA que se aplica al pescado y al marisco se sitúe al mismo nivel del que se aplica en España a otros alimentos de “primera necesidad” como el pan, los huevos, la leche, la fruta o las verduras. En este sentido, recuerdan que en la mayoría de países europeos el pescado se ve favorecido por un IVA reducido. Así, por ejemplo, en Irlanda, Reino Unido y Malta está exento de IBA; en Bélgica y Portugal se le aplica un 6 %; en Francia, un 5,5 %; Chipre, Hungría y Polonia, un 5 %, y en Luxemburgo, un 3 %. Incluso Alemania, donde se aplicaba un IVA del 7%, tiene previsto rebajarlo al 5% como respuesta a la crisis del COVID-19.
Las organizaciones firmantes creen que esta rebaja del IVA no solo ayudaría al sector para superar la crisis provocada por el Covid-19 sino que sería la forma de demostrar “un compromiso firme y real de impulso de la dieta saludable entre los españoles”. En este sentido, el sector calcula que la medida supondría una caída de ingresos para el Estado inferior a los 500 millones. Una merma que, sin embargo, se vería compensada a su juicio “ con la disminución del incremento del gasto sanitario por enfermedades relacionadas con una mala alimentación”. Al respecto, subrayan que enfermedades como la obesidad, el sobrepeso y las dolencias cardiovasculares ligadas con la mala alimentación generan un gasto sanitario de 7.700 millones.
Por ello considera que asumir su reivindicación sería una forma de “proteger los derechos de los consumidores, fomentar una dieta saludable y contener el descenso del consumo de pescado”. Y es que este último aspecto no deja de ser clave para el sector ya que en la última década el consumo de pescado en España ha caído un 18%.
